Responsabilidad penal empresaria – Programa de integridad

Para poder contratar con el Estado Nacional la Ley 27.401 de responsabilidad penal aplicable a las empresas privadas, dispone la obligatoriedad de un Programa de Integridad como condición necesaria en el marco de los contratos con el Estado.

  • Diseño del conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos del Programa de Integridad Empresaria orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos indicados por la Ley.
  • Análisis de la relación de riesgos propios de la Empresa en función de su dimensión y capacidad económica.
  • Confección del Código de Ética o de Conducta con las políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los Directores, Administradores y Empleados.
  • Redacción de las reglas para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público.
  • Capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a Directores, Administradores, Empleados y Responsable Interno del Programa de Integridad.
  • Monitoreo, análisis periódico de riesgos y evaluación continua de la efectividad del Programa de Integridad y su actualización.
  • Definición de los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos.
  • Descripción de la política de protección de denunciantes contra represalias.
  • Implementación del sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del Código de Ética.
  • Diseño de los procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.
  • Debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucradas.
  • Asistencia profesional en el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que dicten las respectivas autoridades del poder de policía nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la Empresa.
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